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Formación Bonificada

La nueva ley que rige la Formación Bonificada

El 24 de Marzo ha entrado en vigor el REAL DECRETO-Ley 4/2015, de 22 de marzo (BOE 23-03-2015). La publicación de esta normativa implica novedades y modificaciones respecto a la anterior (Real Decreto 395/2007 y Orden Tas 2307/2007) en la formación programada para las empresas (antes formación de demanda o bonificada).

Con este real decreto-ley se acomete una reforma integral del sistema, esta reforma persigue cuatro objetivos estratégicos:

  • La garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables.
  • La contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas.
  • El fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo.
  • Así como la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Con esta reforma en definitiva lo que se pretende conseguir un nuevo enfoque, que sitúe a las empresa y a los trabajadores en el centro del sistema, buscando más eficacia, coordinación y transparencia.

¿Qué empresas pueden acceder a la formación programada (antes formación bonificada o de demanda)? ¿Quiénes participan en esta formación? Modalidades de formación.

Todas las empresas y entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas, que coticen por formación, independientemente de su tamaño o sector de actividad.

Pueden participar en esta formación los trabajadores asalariados que presten servicios en las empresas y entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas, que coticen por formación, independientemente de su tamaño o sector de actividad.

Estarán incluidos los trabajadores fijos-discontinuos en los periodos de no ocupación, así como los trabajadores que, durante su participación en esta formación accedan a situación de desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus periodos de suspensión de empleo.

Los trabajadores autónomos siguen sin están contemplados como beneficiarios de Formación Programada por las empresas.

La formación profesional para el empleo, a partir del 1 de enero de 2016, sólo podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, o bien de forma mixta; por tanto, a partir de esa fecha no se podrá impartir formación en modalidad a distancia, la formación cuyo inicio se haya comunicado desde el 24 de marzo de 2015 (incluido), se podrá desarrollar con una duración mínima de una hora y no se considera formación las actividades de índole formativa o divulgativa cuyo objeto no se el desarrollo de un proceso de formación.

Posteriormente vamos a tratar de desgranar un poco los aspectos más relevantes a la hora de entender como plantear formación en nuestra empresa, para nuestros trabajadores, beneficiándonos del crédito del que disponemos, y cumpliendo las nuevas directrices marcadas por la nueva legislación sobre formación:

¿Cómo organizar nuestra formación desde el 24 de Marzo?

¿Cómo pueden llevar a cabo las empresas la formación de sus trabajadores?

Organizando la formación de sus trabajadores por sí misma e impartiendo la formación con medios propios, o recurriendo a su contratación.

NOVEDAD: A partir del 1 de Enero de 2016, en caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del crédito que corresponda al grupo, con el límite del 100 por cien de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional.
En el caso de grupo de empresas, cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación del grupo e impartirla con medios propios o recurriendo a su contratación.

Las empresas podrán optar por encomendar la organización a una entidad externa, pudiendo la entidad organizadora ser a su vez la entidad formativa que imparta la formación. En este caso, la impartición de la formación se realizará por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración pública competente.

Hay que tener en cuenta que ni la actividad de organización, ni la impartición podrán ser objeto de subcontratación; no considerándose subcontratación la obligación que tiene la entidad organizadora de contratar a la entidad o entidades que imparten la formación, ni la contratación del personal docente.

¿A qué tipo de entidades podrán las empresas encomendar la organización de la formación?

Según la nueva normativa las empresas podrán encomendar la formación de su formación a las siguientes entidades:
– Organizaciones empresariales.
– Organizaciones sindicales.
– Estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia.
– Asociaciones de trabajadores autónomos.
– Asociaciones de la economía social.
– Entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro.
– Otras entidades externas (En tanto no se dicten las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, estás entidades son las previstas en el artículo 17 de la Orden TAS/2307/2007 siempre que cumplan los artículos 10.3 y 13 del citado Real Decreto-Ley).

¿Cuáles son las funciones de las entidades organizadoras?

Las entidades organizadoras serán las responsables de:
– Comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas cuando así lo acuerden con la empresa.
– Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas.
– Asegurar las funciones de seguimiento, control y evaluación.
– Asegurar la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas reales de las empresas.
– Contratar a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta las acciones formativas, salvo en el caso de que se tratase de la misma entidad.
– Facilitar a las empresas para las que organicen la formación la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas.
– Facilitar a las empresas la información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones.
– Someterse y asegurar el desarrollo satisfactorio las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones públicas competentes y los demás órganos de control.
– Otras que puedan establecerse reglamentariamente.

¿Cómo se realiza la acreditación o inscripción en el registro de entidades de formación?

Si la empresa opta por encomendar la organización de la formación a una entidad externa, ésta será la que contrate a la entidad o entidades que imparte la formación y que deben estar acreditadas y/o inscritas en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración pública competente.

¿Cómo se realiza la acreditación?

– Para la inscripción para impartir especialidades formativas no dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad, las entidades de formación deberán presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma. Las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad.

– Para la inscripción para impartir formación distinta de las especialidades formativas previstas en el Catálogo de especialidades formativas, las entidades de formación deberán presentar ante la Administración pública competente una declaración responsable con arreglo al modelo específico que se desarrolle.

– Para impartir formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad ello requerirá la previa acreditación por parte de la Administración competente. Las entidades no acreditadas para los correspondientes certificados deberán presentar la oportuna solicitud de acreditación ante la Administración competente.

Hay que señalar que en la iniciativa de formación programada por las empresas no es obligatorio que las acciones formativas estén referenciadas a las especialidades formativas del Catálogo de especialidades formativas, sin perjuicio de la obligación de comunicar su inicio y finalización.

¿Quién es la Administración pública competente en el caso de la acreditación o inscripción de entidades de formación?

Será Administración competente para efectuar la citada acreditación y/o inscripción la Comunidad Autónoma en la que radiquen las instalaciones y los recursos formativos de la entidad de formación interesada.

Corresponde al SEPE la acreditación y/o inscripción de las entidades de formación que utilicen plataformas de teleformación. Igualmente podrán solicitar su acreditación e inscripción al citado organismo las entidades de formación que dispongan de instalaciones y recursos formativos permanentes en más de una Comunidad Autónoma.

 ¿Qué obligaciones tienen las entidades que impartan formación?

Las entidades que impartan formación deberán:

– Facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación de los alumnos del aprendizaje y su evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas para la puesta al día del sistema.

– Someterse a los controles y auditorías de calidad que establezcan las administraciones competentes, cuyos resultados se incorporan a los registros.

– Mantener las exigencias técnico-pedagógicas de las instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación o inscripción.

– Comunicar a la Administración pública competente cualquier cambio en su titularidad o forma jurídica.

FINANCIACION, cómo se financia esta formación.

Mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no tendrán carácter subvencional.

Desde el primer día del ejercicio presupuestario, las empresas dispondrán de un crédito de formación, que podrán hacer efectivo mediante las bonificaciones en las cotizaciones empresariales por formación a la Seguridad Social. El importe de dicho crédito estará en función de lo ingresado por ese concepto el año anterior y del tamaño de la empresa, según se establezca anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

A la hora de acceder las empresas a su crédito de formación, tienen que tenerse en cuenta los módulos económicos. Se entiende por módulo económico el coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de financiación pública. Se aplicarán por igual a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño, según el siguiente detalle:

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En el importe de los módulos económicos están comprendidos tanto los costes directos como los costes indirectos de la actividad formativa. Los costes indirectos (antes denominados costes asociados) no podrán superar el 10% del coste total de la actividad formativa.

Es muy importante también tener en cuenta la cofinanciación privada: las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores según los porcentajes mínimos que sobre el coste total de la formación, se establecen a continuación, en función de su tamaño:

 a. Empresas de 1 a 9 trabajadores: 5 por ciento

b. De 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento

c. De 50 a 249 trabajadores: 20 por ciento

d. De 250 o más trabajadores: 40 por ciento

La cofinanciación privada se justificará, por tanto, con la cantidad resultante de la diferencia entre el coste total de la formación y el importe que la empresa se bonifique y los costes salariales de los trabajadores que reciben formación en jornada laboral; a estos efectos, sólo podrán tenerse en cuenta las horas de dicha jornada en las que realmente los trabajadores participan en la formación.

Si las empresas encomiendan la organización de la formación a una entidad externa además podrán imputar costes de organización con los siguientes límites:

–          Máximo de un  10% del coste total de la actividad formativa para empresas de más de 9 trabajadores de plantilla.

–          Máximo  de un 15% del coste total de la actividad formativa para empresas entre 6 y 9 trabajadores de plantilla.

–          Máximo de un 20% del coste total de la actividad formativa para empresas hasta 5 trabajadores de plantilla.

Comunicar el inicio del curso

La comunicación se puede llevar a cabo por la propia empresa, o a través de una entidad organizadora.

Comunicación de inicio de la formación
  • La comunicación en todo caso, se deberá realizar con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo de cada grupo.
  • En esta comunicación se indicará fechas, horarios, lugar de impartición, denominación y contenidos de la acción, modalidad, número de participantes y relación de empresas (en la comunicación de finalización no será admitido un número de participantes superior ni empresas distintas a las notificadas en el inicio). El número máximo de participantes por acción formativa es de 25.
Modificación/cancelación de la comunicación de inicio
  • La cancelación del grupo o el cambio de horario, localidad o fechas de impartición, deberá comunicarse con una antelación de 4 días naturales sobre la fecha prevista de inicio.
  • Si el cambio afecta a la fecha de inicio, deberán transcurrir 7 días naturales entre la comunicación de la modificación y el nuevo inicio.
  • El resto de cambios bastará con comunicarlos antes del comienzo del curso.

Régimen sancionador

¿Se contemplan nuevas infracciones y sanciones?

En materia de control, el nuevo sistema incluye numerosas novedades cuyo incumplimiento podrá ser objeto de sanción y de pérdida de ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios para las empresas, las entidades de formación y las que asuman la organización de las acciones programadas por las empresas.

Se estará a los dispuesto en los artículos 20 y 21 del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo.

 

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